Bilbao (EFE).- Decenas de jueces y fiscales se han concentrado en Bilbao y se han sumado al paro convocado por varias asociaciones judiciales y fiscales.
Los concentrados han pedido la retirada de la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por considera que es «un ataque» a su independencia y autonomía.
La concentración se ha desarrollado a mediodía durante diez minutos en silencio ante el palacio de Justicia de Bilbao.
Se ha llevado a cabo tras una pancarta, en la que se leía ‘Por la dignidad, en defensa de los ciudadanos, pedimos una justicia independiente y libre de injerencias políticas’.
Entre los concentrados tras la pancarta, se encontraban la presidenta de la Audiencia de Bizkaia, Reyes Goenaga, y el presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Luis Garrido.
Frente a ellos, se han sumado en apoyo a sus reivindicaciones decenas de ciudadanos, entre los se ha visto a la exdiputada y fundadora de UPyD, Rosa Díez.
Asociaciones de jueces y fiscales
El paro ha sido convocado ante las sedes judiciales por cinco asociaciones de jueces y fiscales.
Los convocantes son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
En nombre de los convocantes, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Euskadi, Emilio Lamo de Espinosa, ha demandado la retirada del proyecto de ley para modificar el a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Según ha argumentado, estas reformas suponen «un ataque grave a la independencia del Poder Judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal».
No se descarta la huelga
En un comunicado leído al término de la concentración de Bilbao, los convocantes han señalado que si no se retiran ambos proyectos no descartan la adopción de medidas «de conflicto más intensas como la huelga».
Según han indicado, el proyecto de ley para modificar el a las carreras judicial y fiscal «va a rebajar la excelencia de conocimientos» en este ámbito, «eliminando contenido esencial» para la formación de estos profesionales.
Han criticado, además, que se pretende crear un centro de preparación de opositores «dependiente directamente del Gobierno y por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales».
Asimismo, han censurado que se quieren modificar la base de ambas carreras «convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello» y en contra de los principios «de igualdad, mérito y capacidad».
Los convocantes también se han mostrado críticos con el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Según han cuestionado, con esta reforma «se quiere aumentar las competencias del Fiscal General del Estado», quien «seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo».
Ambiente de «ataque al poder judicial»
Han denunciado, además, que ello se produce en un ambiente «de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía».
Preguntado por las declaraciones en las que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, criticó ayer que hay «algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender», tras la decisión del Tribunal Supremo de procesar al fiscal general del Estado, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Euskadi las ha considerado «desacertadas».
En su opinión, están «fuera de la óptica del respeto institucional».
Según ha dicho, los jueces y los fiscales desarrollan su labor «defendiendo el imperio de la ley» y si no se está de acuerdo con una resolución, se puede recurrir o «si considera que ha cometido una prevarización, presentar una querella». EFE
