Luxemburgo (EuroEFE).- Los países de la Unión Europea (UE) alcanzaron un acuerdo este jueves sobre dos puntos que quedaban pendientes de una directiva que busca armonizar algunos elementos relacionados con los procedimientos de insolvencia.
El acuerdo, logrado en un Consejo de ministros europeos de Justicia, se refiere a un mecanismo que introduce reglas para una rápida liquidación y al establecimiento de los llamados comités de acreedores.
España presentó una declaración al Consejo expresando sus críticas al segundo de los elementos acordados.
Insolvency legislation: 🇪🇺Council agrees position on law bringing national insolvency standards closer
— EU Council Press (@EUCouncilPress) June 12, 2025
Important step to make EU more attractive for foreign investors
Next up: negotiations with European Parliament
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Mecanismo pre-pack
En este mecanismo, la venta de la empresa (o parte de ella) se prepara y negocia antes de la apertura formal del procedimiento de insolvencia.
Como parte del mismo será posible transferir automáticamente los contratos pendientes de ejecución, es decir, los contratos esenciales para la continuidad de la empresa, del deudor al comprador con una serie de salvaguardias para proteger la libertad contractual.
España ya cuenta con los llamados mecanismos «pre-pack», que ofrecen la posibilidad de vender parte de la unidad productiva de una determinada empresa para que pudiera continuar sus actividades.
Comité de acreedores
En determinadas circunstancias deberán constituirse comités de acreedores en todos los Estados lo que, según el Consejo, «garantiza la participación de acreedores individuales que, de otro modo, no participarían en los procedimientos, por ejemplo, debido a recursos limitados o por falta de proximidad geográfica».
El compromiso alcanzado establece que los Estados tendrán la posibilidad de restringir esos comités de acreedores a las grandes empresas.
España criticó en una declaración el establecimiento de estos comités, que el país derogó hace años al considerarlos «no eficientes» y muy «costosos».
Ahora España dispone de «otros mecanismos igualmente solventes para la protección de los acreedores», indicaron fuentes diplomáticas.
Otros países, como Bélgica, Hungría o Chequia, criticaron también elementos del acuerdo alcanzado, indicaron otras fuentes.
En diciembre de 2024 los ministros ya alcanzaron un acuerdo sobre partes clave de la propuesta de directiva, en particular sobre los deberes de los es en caso de insolvencia y sobre las obligaciones de transparencia.
La directiva sobre insolvencia, que se negocia desde diciembre de 2022, es una de las iniciativas del plan de acción de la Unión de los Mercados de Capitales de 2020.
«Al aproximar los regímenes nacionales de insolvencia, la UE será más atractiva para los inversores extranjeros y transfronterizos. Actualmente, los inversores deben tener en cuenta diferentes normas nacionales de insolvencia al invertir en países de la UE distintos a su país de origen», indicó el Consejo en un comunicado.
Por su parte el ministro de Justicia de Polonia, Adam Bodnar, cuyo país preside el Consejo de la UE hasta finales de junio, indicó que el objetivo de la normativa es «fomentar la inversión transfronteriza dentro del mercado único».
Una vez el Parlamento Europeo fije su posición sobre estas normas, comenzarán las negociaciones con el Consejo (países) para decidir el texto final de la legislación.
