Banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, en una imagen de archivo. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas propone suavizar las exigencias para las empresas entre 250 y 750 empleados

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea propuso este miércoles suavizar los requisitos regulatorios para las empresas europeas con un número de empleados entre 250 y 750 con el fin de facilitar que las firmas pequeñas puedan seguir creciendo y llegar a operar a nivel europeo.

La medida, que se enmarca en los esfuerzos de Bruselas para reducir las cargas burocráticas que frenan la competitividad de las compañías de la Unión Europea, se aplicará a unas 38.000 empresas y permitirá ahorrar unos 400 millones de euros al año en costes istrativos, según el Ejecutivo comunitario.

«Son empresas muy importantes porque con frecuencia no están en las capitales y nutren a todo un territorio. Entre 500 o 600 trabajadores, cuando están en provincias o en una región rural, son con frecuencia las empresas más importantes del lugar», destacó el vicepresidente comunitario para Industria, Stéphane Séjourné, en un encuentro con varios medios de comunicación, entre ellos EFE.

En concreto, Bruselas propone crear una nueva categoría de empresas bautizada como «pequeñas empresas de mediana capitalización» que incluirá a aquellas que tengan entre 250 y 750 empleados y una facturación de hasta 150 millones de euros al año o un total de activos de hasta 129 millones de euros.

Con ello, buscan evitar la brecha que hace que al alcanzar los 250 empleados las firmas pasen de ser pymes a ser consideradas grandes empresas y, por tanto, aumenten exponencialmente sus obligaciones legales, algo que desanimaba a muchas de ellas a aumentar de tamaño.

La Comisión plantea ahora que las empresas de esta nueva categoría puedan beneficiarse de las mismas disposiciones – como exenciones o requisitos simplificados – que ya tienen las pymes en varias regulaciones comunitarias: en materia de protección de datos, mercados financieros, folletos bursátiles, baterías, entidades críticas, gases fluorados o protección contra las importaciones subsidiadas.

Por ejemplo, en el caso de la protección de datos, ya no estarán obligadas a mantener registros de todos los datos personales procesados, sino solo de los considerados de alto riesgo, lo que les permitirá destinar recursos a otras áreas, explicó la Comisión.

Además, Bruselas propone eliminar el requisito de proporcionar declaraciones de conformidad, instrucciones de uso y otros documentos en papel y permitirles que lo hagan de forma digital, lo que facilitaría los trámites a las empresas y también a las autoridades nacionales verificar que estas cumplen.

La Comisión cree que estas medidas deberían ayudar a que las empresas de este tamaño, que con frecuencia son exportadoras y no limitan su actividad a un mercado nacional como las pymes, tengan más alicientes para internacionalizarse en la UE.

Respuesta de la patronal de pymes europeas

La patronal de las pymes europeas SMEunited alertó de que la propuesta «no debería impactar negativamente en las pymes y, en particular, a la financiación que estaba preasignada» para estas empresas, ni en el actual marco presupuestario ni en el que se negociará para el periodo 2028-2034.

En este sentido, fuentes comunitarias explicaron que «no se trata de que la financiación vaya a ser compartida entre las pymes y las empresas de mediana capitalización» puesto que la iniciativa no modificará en ningún caso la asignación de fondos.

Por su parte, la organización de consumidores BEUC criticó que extender la derogación sobre el mantenimiento de los datos perjudicaría el cumplimiento de obligaciones de la regulación de protección de datos (GDPR, en inglés) y el trabajo de las autoridades, al tiempo que instó a mantener la información fundamental sobre los productos en los mismos, y no solo en formato digital en Internet

Acuerdo para fortalecer representación de trabajadores en empresas multinacionales

Por otra parte, los Estados de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, colegisladores del club comunitario, alcanzaron este miércoles un acuerdo para fortalecer la representación de los trabajadores de empresas multinacionales.

En concreto, pactaron la revisión de la directiva sobre comités de empresa europeos.

Los comités de empresa europeos son organismos de información y consulta que representan a los trabajadores europeos en empresas multinacionales con más de 1.000 empleados que operen en al menos dos países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Según indicó en un comunicado el Consejo de la UE, que reúne a los Estados , la revisión pactada hará que sea más fácil establecer comités y permitirá que estén mejor financiados y protegidos.

«Al mejorar el proceso de consulta, los recursos puestos a disposición de los comités de empresa europeos y su a la justicia, el acuerdo alcanzado hoy entre el Consejo y el Parlamento aborda las debilidades de la directiva de 2009 y fortalece más la representación de los trabajadores», declaró la ministra polaca de Empleo, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.

Ministra polaca de Empleo habla del acuerdo para fortalecer representación de trabajadores en empresas de la UE.  En la imagen, La ministra polaca de Empleo, Agnieszka Dziemianowicz-Bak, durante una rueda de prensa este miércoles en Varsovia, Polonia. EFE/EPA/MARCIN OBARA
La ministra polaca de Empleo, Agnieszka Dziemianowicz-Bak, durante una rueda de prensa el pasado 15 de abril en Varsovia, Polonia. EFE/EPA/MARCIN OBARA

En el acuerdo del Consejo y el Parlamento se aclara el alcance de las cuestiones transnacionales «para garantizar que decisiones que afecten sustancialmente a los empleados en más de un Estado miembro activen una obligación de informar y consultar a los comités de empresa europeos, sin que eso se extienda a decisiones del día a día o asuntos que solo afectan a los trabajadores de un modo trivial», de acuerdo con el Consejo.

También se pactó aspirar a una representación de género más equilibrada en los comités de empresa.

Además, la información solo se podrá retener o tratarse como confidencial si se cumplen unos criterios objetivos y mientras persistan las razones que justifican esas limitaciones.

a procedimientos judiciales

El acuerdo fortalece las disposiciones sobre a procedimientos judiciales y, cuando sea relevante, a procedimientos istrativos, también asegurando que los costes relativos a la representación legal y participación están cubiertos.

Si una empresa no cumple las normas de la directiva, las penalizaciones financieras impuestas deberían ser «suficientemente disuasorias, al tiempo que también se tienen en cuenta diferentes factores como la gravedad, duración, consecuencias y naturaleza intencionada o negligente de la falta», según el Consejo.

El acuerdo alcanzado este miércoles tiene que ser confirmado por los embajadores de los Estados ante la UE. Después, tras la revisión lingüística pertinente, se adoptarán las nuevas reglas y los Estados deberán trasponer las disposiciones de la directiva a la legislación nacional en un plazo de dos años tras su entrada en vigor.

Las disposiciones de la directiva se deberán aplicar como muy tarde tres años tras su entrada en vigor.