Martí Puig i Leonardi |
Barcelona (EFE).- Salvador Illa tenía claro que la carpeta del Aeropuerto de Barcelona-El Prat debía resolverse con urgencia y, pese a la oposición de sus socios de investidura al proyecto, está convencido de que este no será un obstáculo insalvable para lo que queda de legislatura.
La ampliación se ha acordado con Aena, tras una veintena de reuniones, y ERC y Comuns han levantado el tono pero sin romper con Illa, pues asumen la posición de debilidad en la que se encuentran y centrarán sus esfuerzos en otras carpetas, según diversas fuentes consultadas por EFE.
Los 500 metros, la Ricarda y el Puerto
Una de las primeras decisiones que tomó Illa como president fue la de reactivar la comisión, ya constituida por Pere Aragonès, encargada de presentar una propuesta para El Prat: el dictamen, anunciado para finales de 2024, ha llegado medio año más tarde de lo previsto, con los tres suplementos de crédito ya validados por el Parlament.
La comisión tardó poco en decidir que la pista más cercana al mar debe extenderse en 500 metros: en línea con la planteado por Aena en 2021, esta es la solución óptima desde el punto de vista de la operativa, pero también la más controvertida a nivel político y social por su afectación medioambiental.
Quedó así rápidamente descartado limitar la ampliación a 350 metros, por lo que internamente apostaba en 2021 el Govern, con el beneplácito del PSC. Con 350 metros más de pista se posibilitarían vuelos sin escala a hasta 9.500 kilómetros de distancia (se estima que el 70 % del total), pero no a 11.000 kilómetros (el 100 %, sí asegurados con los 500 metros).
El siguiente paso de la comisión fue establecer una zona de seguridad (RESA) solo parcialmente pavimentada para reducir el impacto en la simbólica laguna de la Ricarda, que igualmente será transformada.
Acto seguido debía encontrarse la forma de no interferir en la actividad del Puerto de Barcelona, que proyecta tener grúas de hasta 90 metros en las inmediaciones del aeropuerto: se ha optado por inclinar levemente la pista en su tramo final para hacer que los aviones cojan altura más rápidamente.
La de las compensaciones medioambientales ha sido la última carpeta en cerrarse, habiéndose producido os informales con Bruselas.
Circunstancias de la vida han ayudado a engrasar la relación entre los de la comisión: representantes de Aena recuerdan con cariño al padre de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, que trabajaba en el Aeropuerto de Girona. Ello no significa que no se hayan producido roces. Uno de ellos, por cómo se debía escenificar el acuerdo, al que finalmente puso voz Illa desde el Palau de la Generalitat mientras, en paralelo, Aena difundía un comunicado.
ERC y Comuns: un revés previsible
Los socios de investidura de Illa sabían desde el inicio del mandato que se acabarían topando con un proyecto de ampliación, aunque no esperaban que se acordaran los mencionados 500 metros de extensión de la tercera pista.
ERC advirtió ayer martes, por boca de su secretaria general, Elisenda Alamany, de que a Illa «por ese camino se le complicará un poco la legislatura». Lo cierto es que en el acuerdo de investidura solo se menciona vagamente la ampliación y sí se contemplan cambios en la gobernanza de El Prat, materia sobre la que se está avanzando.
Los republicanos, en cualquier caso, centran ahora sus esfuerzos en las carpetas de la financiación ‘singular’ y el traspaso de Rodalies, sobre las que se esperan avances en lo que queda de mes.
Comuns, que optó por no incluir en el pacto de investidura nada relacionado con El Prat, ha virado su discurso del impacto medioambiental de la ampliación al aumento de turistas que conllevará este proyecto.
Su portavoz en el Parlament, David Cid, advirtió de que es «prácticamente imposible» que la Comisión Europea avale los planes de Aena, dando por hecho que esta será una batalla de largo recorrido, mientras que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que estará «vigilante» sobre el proyecto, sin amenazar con romper el Gobierno por esta cuestión.
«También hay acuerdos sobre los desacuerdos», apuntaba hace unos días una fuente implicada en las negociaciones para la investidura de Illa. Los socios pretenden separar la carpeta de El Prat de la negociación de los presupuestos de 2026: solo una movilización social mayor de lo previsto en contra de la ampliación podría alterar estos planes.
